La protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores constituye uno de los mayores desafíos de los Estados contemporáneos, especialmente en contextos donde las desigualdades sociales y económicas profundizan las condiciones de vulnerabilidad, en Bolivia, pese a la existencia de un marco normativo amplio que reconoce derechos específicos a este sector de la población, la realidad demuestra que aún existen brechas significativas entre la norma y su aplicación efectiva.El envejecimiento no debe ser entendido como una etapa de declive o exclusión, sino como una fase de la vida que merece respeto, dignidad y protección integral. Las personas de la tercera edad son portadoras de experiencia, conocimiento y aporte social, por lo que su reconocimiento como sujetos plenos de derechos es una obligación jurídica y ética del Estado y la sociedad.
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