El control urbanístico es, en realidad, una decisión permanente sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en el territorio. Cuando el Estado define qué se puede construir y dónde, cuánta edificabilidad concede y qué exige a cambio, cómo reparte las cargas y los beneficios del desarrollo, y a quién le cobra y a quién le perdona, está resolviendo con instrumentos técnicos y lenguaje aparentemente neutro quién tendrá parque, andén, colegio y transporte, y quién no. No hay decisión urbanística inocente. De allí el título de esta obra. La equidad estructural no es un adorno retórico añadido al final de un tratado técnico: es el criterio desde el cual debe leerse todo el sistema. Un ordenamiento territorial que no redistribuye no es neutro; consolida la desigualdad que encuentra. Y un control urbanístico que solo persigue al que construye sin licencia en la periferia, mientras es laxo con quien incumple sus obligaciones en el centro, no es un control débil: es un control que ha escogido un bando. El recorrido que propone este libro va de lo general a lo concreto. Comienza por los fundamentos constitucionales la función social y ecológica de la propiedad, el derecho a la vivienda digna, la prevalencia del interés general y desciende hasta los instrumentos que hacen que esos principios operen o fracasen: el Plan de Ordenamiento Territorial y sus obligaciones, las competencias de curadores y secretarías de planeación, el reparto equitativo de cargas y beneficios, las obligaciones urbanísticas y su cobro, la legalización de asentamientos informales.
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