El artículo analiza de manera crítica la disfunción sistémica del proceso penal peruano en la que se formulan acusaciones fiscales sin la debida convicción probatoria. Tras la implementación del Código Procesal Penal de 2004, que inició un sistema acusatorio, el Ministerio Público asumió la responsabilidad de fundamentar la acusación con "plena certeza" sobre la comisión de un delito, un estándar superior al de simple sospecha.
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